Santo Domingo, RD.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició a las 10:51 de la mañana la audiencia preliminar contra los acusados en la Operación Medusa, el entramado delictivo que tiene como imputados, además del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, a otras 40 personas físicas y 22 empresas.
Casi dos horas después de lo pautado, el juez Amauri Martínez hizo sonar el mallete para dar apertura al conocimiento del expediente núm. 059-2022-0011, que tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas, entre ellas, más de 400 testigos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) llega a defender, según las propias palabras del titular de ese organismo (el procurador adjunto Wilson Camacho), «una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región”.
Los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología, lavado de activos.
Por el caso guarda prisión el exprocurador Rodríguez Sánchez. También el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
En el Caso Medusa está también involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
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